A propósito de la frustrada peregrinación a Patio Cemento en homenaje al Padre Camilo Torres

El pasado 15 de febrero se conmemoró cincuenta años de la caída en combate del sacerdote, sociólogo, humanista y dirigente revolucionario Camilo Torres Restrepo. Como al cabo de ese tiempo ya la historia profirió su inapelable fallo sobre el personaje señalando la forma en que él quedó entronizado en el corazón y la memoria de los colombianos como uno de sus grandes líderes, no es el caso de venir a estas alturas y en una simple reseña, a reivindicar su vida y obra. Sí y muy enfáticamente, es el caso de denunciar cómo a propósito de esa conmemoración, ellas fueron denigradas por las autoridades gubernamentales en vergonzosa alianza con los sectores más criminales y descompuestos del Establecimiento a los que esas autoridades dicen repudiar.

Todo se dio alrededor y con ocasión de la peregrinación que más de mil personas de numerosas organizaciones representativas de la sociedad civil provenientes de varias ciudades del país, emprendieron el domingo catorce de febrero desde Barrancabermeja hasta el sitio Patio Cemento en el municipio El Carmen de Chucurí, donde se pretendía con una eucaristía, celebrar la vida del padre Camilo al tiempo que hacer votos por el inicio de diálogos de paz con el grupo insurgente bajo cuyas banderas ofrendó su vida. Sobra decir, marcha pacífica como la que más, notificada al Ministro del Interior, con presencia de autoridades públicas de distinto orden, en el marco claro del ejercicio de derechos constitucionales, locomoción, movilización y reunión. Y no es detalle baladí resaltar que se transitaría por una vía pública abierta al público y que la concentración final sería en un espacio privado.

La noche del sábado trece de febrero hubo un concierto en Barrancabermeja en el parque Camilo Torres, el cual trató de ser saboteado por un grupo de aproximadamente cincuenta sujetos que con el insólito pretexto de celebrar un triunfo del América de Cali, se instalaron en la esquina del parque a causar ruido ensordecedor de bombos y platillos. Al preguntarle a unos barranqueños cómo era posible que cincuenta se atrevieran a provocar a más de mil personas, la respuesta fue tan inmediata como contundente: “los paracos saben que aquí no estamos armados, y ellos sí lo están. Además, cuentan con la protección de las autoridades. O si no por qué cree que se atreven a eso estando el parque autorizado para el concierto?”

El domingo catorce de febrero a las siete de la mañana partió la caravana de alrededor de veinte buses hacia El Carmen de Chucurí. Avanzada ya la marcha y cuando estaba transitaba por una vía secundaria destapada las noticias que circulaban por las redes sociales comenzaron a tensionar el ambiente con la información de que los paramilitares se habían hecho fuertes en el casco urbano del municipio, y que no permitirían el paso de los buses. No parecía sin embargo creíble lo que circulaba, ya que todo transcurría fluidamente, sin incidencia alguna y había presencia policial y militar a lo largo de la vía. Al llegar al corregimiento de Yarima sin embargo se tuvo la primera notificación de que en efecto algún problema podía haber. Un pasacalle notificaba a los viajantes de que allí “sí no idolatramos terroristas”. No obstante, lo grande de la caravana, la presencia cada vez más notoria de ejército y policía, la notificación hecha al alto gobierno y el seguimiento por los medios de comunicación, hacía previsible que no hubiera un grupo con la fuerza suficiente para impedir la culminación de la peregrinación.

A medida que la caravana se iba acercando a la cabecera municipal de El Carmen, árboles derribados -sin ninguna consciencia ecológica además- sobre la vía, daban noticia de que en efecto los paramilitares eran hostiles a la pacífica marcha y estaban dispuestos a ir a las vías de hecho para impedirla. Nos parecía sin embargo que esos árboles no eran más que su constancia de repudio, pero que no podrían pasar a más. Además el obstáculo se superaba al cabo de unos minutos, porque había mano de obra suficiente para retirarlos. Paradójicamente, los que más ayudaban a despejar el camino eran los policías apostados en lo largo de él al mando del solícito coronel Gustavo Franco del Comando del Magdalena Medio. Ya veremos por qué aquello de la paradoja.

Ya en la parte final del trayecto, cuando nos acercábamos al Carmen de Chucurí, el coronel Franco le notificó a los organizadores de la peregrinación que no era posible continuar en los buses, que se debía seguir a pie, ya que había peligro de que los atacaran (¿?) Con exceso de ingenuidad, se aceptó la ilógica “petición”, que en realidad lo que disfrazaba era que la fuerza pública hacía causa con los paramilitares para que la peregrinación no arribara a Patio Cemento. ¿Si no se podía llegar en los buses, por qué sí se habría de poder llegar a pie? De todos modos, al cabo de caminar un par de kilómetros con la compañía “protectora” del coronel, se llegó a un punto donde la marcha frenó en seco: una apretada barrera de la tenebrosa policía antimotines –Esmad-, bloqueaba la vía. El coronel Franco la había instalado, confluyendo en una misma persona la táctica aquella de los interrogatorios policiales: un policía “malo” que tortura, y luego otro “bueno” que entra y ofrece ayuda al torturado. Aquí el malo y el bueno fueron uno solo. El Dr. Jekyll retiraba los árboles de la vía para que pasaran los buses, y Mr. Hyde montaba al temible Esmad para si pretendían pasar, se las vieran con ellos.

Se hacía entonces ya evidente que la policía y el ejército apoyaban la concentración convocada y presionada por el paramilitarismo en uno de sus reivindicados santuarios históricos –el principal, Puerto Boyacá, “capital antisubversiva de Colombia” que ya sabemos en qué paró-, y desde hacía ocho días tenían dispuesto el dispositivo cívico-militar-paramilitar para impedir el homenaje ciudadano al padre Camilo en los cincuenta años de su muerte. Se trataba de evitar un enfrentamiento violento balbuceó el coronel ya quitada la máscara. Sólo que para ello, no utilizó como era su deber y razón de ser de la Policía -mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, art. 218 CP- la fuerza a su disposición para neutralizar a los agresores que pretendían coartar el ejercicio de esos derechos-, sino que la usó contra los que iban a ser agredidos, aquellos que encarnaban ese ejercicio constitucional. Y la usó sin reato, enfrentándole a la pacífica -además de pacifista- marcha un personal armado cuyo fuero es el uso indiscriminado de la violencia. ¿Que no hubo violencia efectiva? Claro que no la hubo porque la marcha resignó el propósito de llegar a Patio Cemento. Conducta esa del coronel Franco, que además de desconocer principios constitucionales, comportó grosera vulneración de los derechos consagrados en los arts. 24 – circular libremente por el territorio nacional-, 28 -toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial- y 37 de la Carta –toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pasivamente-, amén del ya citado sobre el fin y razón de ser de la policía. Sin mencionar para no meternos en honduras, el en la práctica y en el debate público derogado art. 3º que consagra la soberanía popular.

En un verdadero estado de derecho, una conducta de ese talante habría implicado la inmediata destitución del oficial responsable. Pero no. Él sabía bien que apenas estaba haciendo operativas decisiones del poder. No en balde, minuto a minuto seguía por teléfono las instrucciones del director nacional Rodolfo Palomino, defenestrado a los tres días en medio de un escándalo de corrupción policial sin precedentes.

Lo acabado de relatar impone las siguientes conclusiones de la mayor gravedad en el orden institucional, como que revelan la pervivencia de un endémico estado de cosas inconstitucional en lo referente al ejercicio de derechos y libertades públicas. Ello agudizado por la connivencia estatal con grupos criminales:

1º. Esta fuera de discusión por ser un dato de la historia, que el Carmen de Chucurí, fue uno de esos municipios “liberados” –es su terminología- de la guerrilla por las hordas paramilitares armadas, dirigidas y encubiertas por las tropas de la V. Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga en especial del Batallón Luciano D’elhuyar de San Vicente de Chucurí. Ello, hace treinta años cuando el Inspector de Policía de la vereda San Juan Bosco La Verde Isidro Carreño, se hizo celebérrimo a nivel nacional por ser al mismo tiempo el comandante del grupo paramilitar “Los Masetos”. “Liberación” hecha a costa de masacres, asesinato de cientos de líderes campesinos y el desplazamiento con el consiguiente despojo de tierras de quienes no compartían la estrategia.

2º. Una vez ocurrida la desmovilización paramilitar con la ley 975 de 2005, terminando así la parte cruenta de la ocupación militar y paramilitar de la región, se pasó a la incruenta: el mantenimiento del orden impuesto con control del territorio, gobierno e instituciones, amén de conservar las tierras y explotaciones agropecuarias de buena o mala manera habidas. Esto, con el obvio apoyo del ejército que desde hace mucho copa el municipio.

3º. La conmemoración de la vida del padre Camilo Torres a los cincuenta años de su muerte, es un acto que desde ningún ángulo de donde se lo mire puede encontrar reparo en la institucionalidad. Este es otro dato fuera de discusión para juzgar lo ocurrido. Sólo desde la mentalidad paramilitar, y es pertinente aclararlo, ni siquiera desde la que de labios para afuera expresan sus cabecillas acogidos a la ley 975 que dicen rechazar sus métodos y piden perdón por sus crímenes, sino desde la mentalidad de quienes “pasando de agache” en el proceso de “Justicia y Paz” reivindican la legitimidad pasada y presente de esa forma de contrainsurgencia. Fue de este paramilitarismo camuflado en la civilidad de donde provino el ataque a la caravana presentándola como una acción “militar” del ELN.

4º. Y cuando lo anterior, siendo grave no parecía ameritar importancia por cuanto suponiéndose que las bandas paramilitares habían desaparecido en su estructura militar y control efectivo de territorio, por lo cual la amenaza no pasaría de ser una bravuconada sin posibilidad de ser efectiva, vino lo insólito: no sólo existían con capacidad militar, poder político y control social sobre el municipio de El Carmen de Chucurí, sino que ese poder descansaba en la fuerza pública –ejército y policía- con fuerte presencia en la zona.

Entonces las amenazas paramilitares tenían todas las posibilidades de éxito: eran el ejército y la policía los que no permitirían que se rindiera un homenaje a un humanista reconocido universalmente, “terrorista” para ellos. Así, el ejército en la persona del coronel Murillo comandante del batallón Luciano D’elhuyar y la policía en la del vocero del coronel Gustavo Franco, con el alcalde municipal y los reconocidos cabecillas paramilitares Nelson Horacio Álvarez –concejal- y Ernesto Cristancho alias Braulio –ex “Masetos”- realizaron un consejo de seguridad en El Carmen, cuyo tema fue cómo hacer efectiva su decisión de, con permiso civil o sin él, impedir el homenaje a Camilo Torres. Y para ello, Murillo instó a los cabecillas paramilitares hoy doblados en líderes políticos, a sacar a la población a manifestarse con el bloqueo de la vía el domingo 14. Cosa fácil considerando que los paramilitares tienen su base social allí, como que los opositores fueron muertos o desterrados, además de ellos también tener familia. Y si hubiere duda del talante de los lideres “políticos” del municipio, baste con señalar que el mencionado Ernesto Cristancho es hermano del sanguinario “Camilo Morantes” que asoló el Magdalena Medio santandereano y cuyos crímenes fueron tan espantables, que su mentor Carlos Castaño envió desde el Nudo de Paramillo gatilleros con el mandato de eliminarlo.

5 º. Lo más indignante de lo ocurrido, además de inadmisible desde el punto de vista institucional, es que el poder civil mostró su cobarde sometimiento al estamento militar. Y cómo tanto en asuntos de orden público que en todo caso están bajo la potestad de la autoridad civil, como en otros -tal el que nos ocupa-, donde el poder castrense no tiene una sola palabra qué decir ya que él no es deliberante, no rige la normativa constitucional, ni la legal, muchísimo menos la voz de la autoridad civil en ejercicio de sus competencias. En todos esos campos, que cada vez son más, la vigencia constitucional termina arbitrada por la arbitrariedad militar, valga la expresión. Con el inaceptable agravante en el caso de la marcha a Patio Cemento, de que ese arbitramento fue hecho en función de los intereses de un grupo al que hoy sus mismos poderosos mentores de antaño, califican de terrorista.

Y es que no puede menos que causar indignación la pusilanimidad del mediocre Ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Una vez notificado de la movilización, no dijo nada de desautorizarla. Sabía que no tenía una razón legal para ello y al contrario, todas para autorizarla. Pero sabiendo del veto militar, a pesar de ser un tema de su absoluta competencia, no se atrevió a hacer valer su autoridad. Sólo atinó a decir a los organizadores que no les garantizaba su cometido. No sentía tener mando -¡el ministro del interior!- sobre la policía para ordenarle que impidiera el bloqueo de la carretera y garantizara el libre tránsito, que en últimas era de lo que se trataba. El mismo ministro que envalentonado sí considera tenerlo cuando se trata de campesinos que protestan por algún abuso oficial.

¡Vaya estado de derecho!

[FUENTE: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214120]